Empieza el debate por la reforma de la ley 7722

La propuesta de reforma de la ley 7722 tendrá su primer debate formal cuando se concrete durante la mañana la reunión plenaria de las comisiones de Ambiente, Hidrocarburos y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) en la Legislatura.

El encuentro será entre integrantes del Senado y Diputados, ya que el objetivo del oficialismo es avanzar con la iniciativa de una manera similar a la que se hace con las discusiones por el Presupuesto. Así, según afirman, se agilizaría el tratamiento.

En el centro de la escena estará el proyecto de ley enviado por el gobernador Rodolfo Suarez (el primero de su gestión) tan solo un día después de asumir. Como había anunciado durante la campaña, una de sus políticas será ampliar la matriz productiva, con el foco puesto en flexibilizar la letra de la normativa que data del año 2007.

Antes del ingreso del expediente por mesa de entradas de la Cámara Alta, el peronismo ya había recibido el borrador de la norma. Ahora, se espera que en la reunión expresen sus sugerencias para unificar posiciones y que la modificación a la «ley del agua» salga por consenso.

En concreto, será el tercer intento en un año de cambiar el articulado de esa legislación, aunque esta vez las posibilidades de la reforma son mayores.

A fines de 2018, los senadores del PJ Juan Agulles (mandato cumplido) y Alejandro Abraham impulsaron cambios similares a los que ahora incluye el plan del Ejecutivo. Con la campaña en ciernes, el debate se truncó y pasó para este año con reuniones informales.

Semanas antes de la asunción de Suarez se volvió a reflotar la intención de tocar la 7722, pero el justicialismo decidió aguardar al cambio de gobierno ya que insistieron en que fuera el nuevo Gobernador quien se pusiera al frente del tema. Además, encontraron más vocación de diálogo en el suarismo.

El texto que lleva la firma del primer mandatario permite la utilización de sustancias químicas en los procesos de desarrollo mineros, excepto el mercurio. Junto a esto, crea una «Policía Ambiental» para este tipo de actividades, y elimina la necesidad de que las declaraciones de impacto ambiental (DIA) tengan que pasar por la Legislatura.

Por otro lado, se prevé que las regalías obtenidas por esto proyectos vayan a un fondo para mejorar la gestión hídrica y las obras de infraestructura y servicios.

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