Empresarios quieren reformar la ley 7722

El incipiente debate por la modificación de la ley 7722 que regula la actividad minera en Mendoza, impulsado por el Gobierno, ya provoca una onda expansiva en el sector empresario local.

Referentes del sector privado encolumnados en la Cámara del sector, la UIM (Unión Industrial de Mendoza) y el CEM (Consejo Empresario Mendocino) salieron a marcar postura sobre las señales tanto de oficialismo como oposición, y hasta se proponen como catalizadores del «consenso» que las fuerzas buscan para evitar el costo político de la reforma.

Tras una reunión de UIM, su presidente, Mauricio Badaloni, expresó que «hemos acompañado todo el proceso previo de discusión en comisiones de la Legislatura, y vemos posible materializarlo cuanto antes. Estamos atentos a qué más falta, pero dadas las condiciones para un acuerdo técnico-político esperamos la asunción del nuevo gobernador para que haga una convocatoria amplia a todo el arco político, empresario y sindicatos y votar».

«El costo no es político, es el que pagamos los mendocinos todos los días», aseveró Badaloni. «Cuesta entender por qué ahora el peronismo busca otra instancia de negociación cuando está todo lo demás listo. No se están viendo las prioridades: salir del puesto 14 en distribución per cápita, 12 años de no generar empleo privado, y bajar la pobreza. Esta es una reforma que está pidiendo la sociedad en su conjunto para avanzar».

Por su parte, Raúl Rodríguez, titular de la Cámara de Empresas Mineras de Mendoza (Camem), calificó como «muy importante estar en agenda. Hablar de reforma y costo político tras doce años en que el tema era intratable ya es ganancia para nosotros. Debe haber un tratamiento responsable, por encima de especulaciones; preferimos hablar de oportunidad más que de costo político».

Independientemente de los tiempos y las negociaciones entre Ejecutivo y legisladores, los dirigentes no pierden el tiempo y mantienen una agenda «espontánea» de contactos con unos y otros. Como lo admite el propio Pérez, junto a autoridades de la UIM y el CEM (Consejo Empresario Mendocino) con interlocutores de cada parte: por un lado, Emilio Guiñazú, subse de Minería, y por otro los legisladores peronistas Alejandro Abraham y Juan Agulles, autores del proyecto de reforma de la 7722.

«Hemos estado en conversaciones para darle un tratamiento responsable a la norma en la Legislatura. Y sobre todo lograr que se llegue a una política de Estado: de nada sirve aprobar con los votos justos, sino sentar las bases. Hay que tener en cuenta que la vida útil de una mina son veinte años, lo que equivale a 5 gobernadores», agregó el referente del sector minero.

Si bien no hay una agenda predefinida, los dirigentes admiten un «contacto permanente» con el Gobierno, desde donde el pedido es unívoco: lograr «una base amplia de tratamiento» de la ley.

Del otro lado asumen que la tarea para los referentes (Agulles y Abraham) es más difícil, dado que las aguas están divididas. «Habiendo legisladores en contra les pedimos que acerquen posturas y que nos ayuden como lazarillos o guías para saber con quien hablar de ser necesario», acotó Pérez.

La postura del Consejo Empresario Mendocino

De histórica postura pro-minería, desde el CEM miran la geografía provincial para identificar oportunidades de avance. Según su presidente, Javier Allub, «hace rato insistimos en dar el debate sobre la 7722. La minería es una de las actividades económicas que tiene que desarrollar Mendoza por regiones; está claro que Valle de Uco no lo va a tomar, pero Malargûe si».

Si bien se muestra a favor del consenso vía un «debate no extremista y con argumentos objetivos», tras la Mesa de discusión sectorial que impulsó el Gobierno para dar plafón a la minería entre 2017 y 2018, para Allub «no hay margen de error».

«Es una norma con 12 años con significado por lo que representa, asociada al agua y su importancia para Mendoza. Por eso se necesita que todo el arco político acompañe la postura del gobernador electo: si está todo fragmentado es más difícil», consignó el titular del CEM.

Respecto al costo político, Allub coincidió en que «hay que verlo como un rédito a futuro por más que genere reacciones en primera medida. Sin ser la única salvación, no se puede perder más tiempo con la minería para mejorar la economía y los indices de crecimiento y de empleo».

A la espera del recambio en la Legislatura en diciembre, el directivo dejó la puerta abierta a reunirse incluso con la oposición más férrea a la reforma: «Con el Gobierno estamos en contacto permanente. Pero intentamos en estos últimos días poder sentarnos a dialogar con todos, haya más o menos predisposición. Siempre con argumentos objetivos, no el no porque no».

Con el mentado «consenso» entre ceja y ceja, los consultados aún no hablan de plazos de tratamiento en la Legislatura pero reconocen que mientras antes sea mejor. Según el responsable de la Camem, más proclive a la derogación que a la reforma, «necesitamos que sea de fondo y no a las apuradas para que en pocos años deba volver a discutirse».

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